La semana pasada el consorcio liderado por Pluspetrol subió en 48% el precio del gas de Camisea, lo que significa un rudo golpe a los industriales, que efectuaron inversiones para sustituir en sus fábricas petróleos residuales y diesel por gas natural, que es bastante más barato que esos dos productos. También afectará las iniciativas para que se cambien a gas natural los vehículos (tanto de transporte masivo como privados y taxis) y los usuarios residenciales (que usarían gas natural en lugar de GLP y electricidad).

Pluspetrol y los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas dicen que esta alza no hará que se pierda competitividad porque los precios del diesel y de los residuales también han subido, debido al alza del precio del petróleo en el mercado internacional. Esto es cierto, pero a la vez, es el origen del problema. Si el precio del gas va a subir de la mano con el petróleo, ¿adónde quedan las ventajas de tener nuestro propio gas en Camisea, que nos iba a independizar de esas alzas en el mercado internacional?

Ese es el quid de la cuestión. El petróleo ha subido debido a cambios estructurales que determinan que se acabó la era del petróleo y del gas natural barato. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el gas que está en la Selva del Cusco? ¿Acaso esa alza del precio es producto de un aumento de las inversiones de Pluspetrol? Pues no.

Además, y este es otro tema clave, ¿es que Pluspetrol puede vender este gas a algún cliente internacional en lugar de al mercado interno? No, porque no tiene gasoducto ni planta de licuefacción (que recién se va a desarrollar en otro proyecto, Camisea II, con el gas del Lote 56). Esto quiere decir que Pluspetrol tiene el monopolio del mercado de gas en Lima, pero, a la vez, es cautivo de ese mercado. No tiene opción alternativa.

Pluspetrol y el gobierno dicen que el alza está establecida en el contrato del 2001, que determina una cláusula de reajuste cuando sube el precio internacional de una canasta de petróleos residuales. Lo cual es cierto. Pero también es cierto que, desde el 2001 hasta hoy, los cambios estructurales han llevado a un alza desmesurada de los precios del petróleo que no guarda ninguna relación (recalcamos, ninguna) con sus costos de producción. Eso es lo que se llama una sobre-ganancia.

Justamente, son esos cambios estructurales en la naturaleza de los negocios los que autorizan a los Estados, de acuerdo a derecho, a solicitar la renegociación de los contratos si es que hay un perjuicio masivo al país y los consumidores. Lo que es el caso. Pero eso no lo quiere hacer este gobierno.

No solo eso, Camisea I se volvió viable por una serie de incentivos otorgados al consorcio, comenzando por el Decreto Legislativo 818 (de 1996), que permitió la recuperación anticipada del IGV, el pago de los aranceles hasta en 7 años y amplió de 4 a 8 años el período de arrastre de pérdidas, lo que significó una disminución en la recaudación de impuestos para la SUNAT, mejor dicho, para todos nosotros.

También todos los usuarios estamos co-financiando el gasoducto a través de un mayor pago en las tarifas eléctricas. Finalmente, se le otorgó a Pluspetrol una garantía de compra de un mínimo de gas natural (take or pay) para generación de energía eléctrica, lo que le aseguró una demanda inicial estable de gas.

Pero el consorcio solo ve sus propios intereses y el gobierno (que debería velar por los nuestros) se hace la vista gorda, como sucedió hace 6 meses cuando las denuncias de este diario alertaron al público de que Pluspetrol estaba exportando GLP a Chile más barato de lo que lo vendía en el Perú. Ahora, el consorcio ha decidido subir el precio del gas (que solo representa el 13% de su facturación, pues la “carne” son los líquidos que vende) porque sube el precio en el extranjero (alza en la cual Pluspetrol no es arte ni parte) y el gobierno lo “acompaña” alegremente.

Eso es inadmisible, por lo que se debe renegociar el contrato para cambiar las cláusulas de reajuste que permiten ganancias extraordinarias. No olvidemos que estos contratos han sido renegociados en numerosas oportunidades, siempre a pedido de las empresas privadas. En este caso, lo que corresponde es que sea el gobierno quien tome la iniciativa de pedir la renegociación.

Esta alza, de un lado, afecta la competitividad de los industriales peruanos y, de otro, obstaculiza la masificación del consumo del gas que, por ser 50% más barato que el GLP y las gasolinas, debiera significar un alivio para los padres de familia, taxistas y amas de casa.

Esta alza (que no va a ser la última) del precio de nuestro gas va a dificultar el cambio de la matriz energética de este país pobre, impidiendo que nos independicemos del petróleo caro importado. Hay que ponerle, ya, un freno a esta situación.


Publicado el 22 de Enero de 2006