Prólogo al libro “Petróleo: Problema y Posibilidad”
 
 
Prólogo de Humberto Campodónico al libro “PETROLEO: PROBLEMA Y POSIBILIDAD”, editado por Lino Cerna

El 25 de mayo de 1992, algunas semanas después del autogolpe del 5 de abril, se constituyó el Comité Especial de la Promoción de la Inversión Privada (CEPRI) de Petroperú, cuyo objetivo era la privatización de todos los activos de la empresa estatal. La ofensiva privatizadora era parte de una política internacional dictada por el llamado Consenso de Washington, cuyo propósito era liberalizar la economía, desregular todos los mercados y privatizar las empresas públicas.
 
De 1992 a 1994 se vendieron importantes activos de Petroperú, como sus estaciones de servicio, la Compañía Peruana de Gas (SOLGAS) y la flota petrolera Transoceánica. En 1996 se privatizaron los lotes petroleros (el Lote 8 de la Selva Norte y todos los Lotes de Talara), así como se procedió a la privatización de la Refinería La Pampilla, con capacidad de procesamiento de 100,000 barriles diarios, la más grande del Perú.
 
En los años siguientes se debería haber privatizado el activo más importante que quedaba: la Refinería de Talara. Lo mismo sucedería con las refinerías más pequeñas de Conchán e Iquitos así como con el Oleoducto Nor Peruano y las Oficinas Comerciales, los Terminales, las Plantas de Ventas y las Plantas de Abastecimiento en Aeropuertos a nivel nacional.
 
Sin embargo, esto no sucedió porque en los años 1998-99 las sucesivas e injustificadas alzas en los precios de los combustibles provocaron un creciente descontento social, lo que llevó a su suspensión por el régimen fujimorista. Pero no era un cambio en la manera de pensar: apenas cambiara el humor político, se reanudaría la privatización. Anotemos que todos los ingresos provenientes de las privatizaciones de las unidades de Petroperú fueron al Tesoro Público.
 
Es importante resaltar que solo tres países de América Latina llevaron a cabo la privatización (total o parcial) de sus empresas estatales de hidrocarburos: Argentina bajo Menem en 1998, Bolivia con Sánchez de Lozada en 1996 y Perú bajo Fujimori en los años 1992 a 1996. Todos los demás países de la Región modernizaron su legislación y flexibilizaron el acceso a todas las fases de la industria (exploración-producción, refinación, transporte y venta mayorista y minorista de combustibles). Pero no vendieron sus empresas pues comprendieron claramente la importancia de la renta petrolera (la diferencia entre el costo de producción y el precio de venta del petróleo) así como de la integración vertical, es decir la participación en toda la cadena de valor. Este fue el caso de Brasil (Petrobras), Colombia (Ecopetrol), Ecuador (Petroecuador) y Venezuela (PDVSA). Incluso países que no tienen producción propia de petróleo, como Chile y Uruguay, fortalecieron sus empresas estatales (ENAP y ANCAP).
 
La experiencia desastrosa de la privatización en Argentina y Bolivia (llamada “capitalización”) llevaron a la reversión de la privatización de los años 90. Así, en el 2012, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un proyecto de ley al congreso para nacionalizar YPF previa, expropiación a Repsol, lo que fue aprobado por 208 votos a favor y 32 en contra. En Bolivia el proceso fue anterior: las movilizaciones populares del 2003 contra la exportación del gas terminaron en la huida de Sánchez de Lozada. En el 2004, el referéndum del gas determinó por amplia mayoría la vuelta de YPFB y el aumento de las regalías. En el 2006, el nuevo gobierno de Evo Morales recuperó las refinerías privatizadas y los campos petroleros “capitalizados”, al tiempo que su nueva Constitución le otorgó plena soberanía sobre el destino y uso de las moléculas de gas.
 
En el Perú, el proceso ha sido distinto. La Ley de Hidrocarburos de 1993 (Ley 26221) establece los contratistas petroleros son los dueños de la molécula, previo pago de una regalía al Estado. Por tanto, pueden hacer con ella lo que deseen. Esto impide tener planes energéticos de largo plazo para avanzar hacia la matriz energética que el país decida, debido a que “los dueños de la molécula” se opondrán a todo proyecto que vaya en contra de sus intereses. Es por ello, por ejemplo, que hasta ahora no hay un Plan Nacional de Masificación del Gas Domiciliario como sí lo ha habido en Argentina (hace muchos años) y, más recientemente, en Colombia y Bolivia. Esto tiene que cambiar.

En lo que respecta a Petroperú, ha habido avances que han logrado frenar el proceso completo de la privatización, aunque aún parciales. Gracias a las movilizaciones de importantes sectores populares y, en particular, de los obreros y empleados de Petroperú, en el 2004 se promulgó la Ley que excluye a Petroperú del proceso de privatización (Ley 28244) y, en el 2006, la Ley de Fortalecimiento y Modernización de Petroperú (Ley 28840), que la autoriza para participar en todos los eslabones de la cadena de valor de la industria. Es importante que los lectores sepan que estas dos leyes fueron observadas por el gobierno de Alejandro Toledo, motivo por el cual fueron promulgadas “por insistencia” por parte del Congreso.
 
Sin embargo, estas leyes fueron fuertemente objetadas por el “establishment” político neoliberal. Para hacerlo, se apoyaron –y se siguen apoyando- en el Artículo 60 de la Constitución de 1993, que establece la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado, es decir, que dicha actividad empresarial solo se puede realizar si ésta no es asumida por el sector privado (de allí su carácter subsidiario). Esta disposición de la Constitución peruana no existe en la Carta Magna de ningún otro país de la Región.
 
Así, tenemos un artículo constitucional que se contrapone a las leyes del Congreso, las leyes 28244 y 28840 (y otras leyes posteriores). Por tanto, la Constitución de 1993 está directamente enfrentada con cualquier actividad del Estado “no subsidiaria”. Es por eso que Petroperú está en el “corredor de la muerte” como lo están los condenados a muerte en EEUU, pero que no han sido ejecutados porque sus apelaciones no han sido resueltas aún de manera definitiva. Es por eso que urge discutir y derogar el Artículo 60 de la Constitución, que pende sobre Petroperú cual Espada de Damocles.
 
Mientras eso no se defina, la situación de Petroperú es de una “tregua forzada”, que sus enemigos –tanto dentro como fuera del gobierno- están buscando revertir, mientras que los partidarios de la empresa plantean su fortalecimiento y modernización. Esta discusión es de la más alta importancia pues atañe a un tema crucial: debe definirse el rol de la empresa pública en el Perú, logrando un consenso positivo de largo plazo sobre su importancia para lograr la seguridad energética y el cambio de la matriz energética, lo que va de la mano con la recuperación de la capacidad soberana del Estado para decidir sobre el destino de la molécula, a lo que se opone la Ley 26221.
 
Esto lo han logrado casi todos los países de la Región donde hay consenso sobre el rol de la empresa petrolera estatal en la estrategia de desarrollo. Esto se debe a que esos países han logrado –en mayor o menor medida- liberarse del ancla ideológica del neoliberalismo del Consenso de Washington. Agreguemos además que dos instituciones claves de dicho consenso, como el FMI y el Banco Mundial, ya no proponen la privatización de las petroleras estatales.
 
Pero no sucede lo mismo en el Perú, único país donde dicho Consenso sobrevive en las élites empresariales y sus representaciones políticas, las mismas que han conseguido captar a los candidatos a la presidencia –una vez llegados al cargo-, consiguiendo que cambien los programas y planteamientos políticos con los que fueron elegidos.
 
Este es el telón de fondo que, en nuestra opinión, permite explicar la coyuntura por la cual atraviesan la empresa estatal y sus principales proyectos, que son materia de este importante libro. Cada vez que puede, el gobierno arremete contra Petroperú, como lo hicieron con las inconsistentes acotaciones de la SUNAT sobre el IGV del Turbo A-1 por US$ 210 millones y por la negativa a devolver a Pertroperú el IGV por las ventas en la amazonía, lo que ocasionó pérdidas de centenas de millones de dólares a la empresa estatal. El objetivo no es otro que debilitar a la empresa y desacreditarla, para retomar la privatización.
 
A pesar de ello, se han logrado avances, ya que Petroperú ha vuelto a la explotación de petróleo con el Lote 64 en el 2012, asociado con la empresa Geopark. Pero en el 2012-2013, bajo el gobierno de Humala, se le impidió a la empresa participar en los lotes de Talara cuyos contratos expiraban (sobre todo los Lotes III y IV de Interoil). En el 2015 el Congreso aprobó otorgar a Petroperú el Lote 192 (Ley 30357), lo que aún no se concreta. En el caso del Oleoducto Norperuano se han producido una serie de derrames, siendo la mayoría de ellos causados por terceras personas. Sin embargo, la campaña mediática ha hecho énfasis en supuestos malos manejos de la empresa con el mismo objetivo de la privatización.
 
Dicho esto, estamos en una situación en la cual Petroperú ha logrado poner en marcha el mayor proyecto de inversión de la empresa estatal de la historia: la modernización de la Refinería de Talara, que hace poco ha logrado una emisión de bonos internacionales por US$ 2,000 millones. Hay que subrayar, también, que este proyecto, comenzado en el 2008, cuenta con ingeniería de detalle y ha sido impulsado por tres gobiernos (Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski).
 
No solo eso. El Congreso también jugó un rol clave, de la mano con sus profesionales, empleados y trabajadores pues, como ya dijimos, excluyó a Petroperú de la privatización y aprobó su fortalecimiento. Después han venido otras leyes, como la Ley 29817 de diciembre del 2011; la Ley 30130 de diciembre del 2013; y, hace pocos meses, el DL 1292, que aprueba el regreso a la exploración, con la siguiente condición: las inversiones en exploración (que conllevan el riesgo de no encontrar petróleo) serán asumidas en un 100% por el socio de Petroperú. 
 
Este libro aparece en un momento crucial, pues el “establishment” neoliberal le ha declarado la guerra al proyecto, con diversos argumentos, todos los cuales son analizados aquí en diferentes artículos. Se rebate el argumento de que no se debe construir la refinería porque el Perú no tiene petróleo y, por tanto,  mejor sería importar combustibles. Pero Francia, Alemania, Corea del Sur y Chile no tienen petróleo y refinan todos los combustibles que consumen.
 
Se objeta, además, que la refinería es “muy cara”, a partir de algún artículo que menciona la capacidad de una refinería extranjera y el monto de la inversión. Luego se hace una regla de 3 simple y el resultado es que Talara “está cara”. Lo cierto es que Arthur D. Little (EEUU) y Technip (Francia) le han dado su conformidad. Y Petroperú, mostrando su voluntad transparente ha puesto todos estos informes en su Portal Internet para tener una discusión seria.

Pero quizá el elemento central, hoy, es dotar al proyecto de modernización de la empresa para obtener la seguridad energética –donde la Refinería de Talara cumple un rol central- de una apertura al diálogo con el periodismo, los analistas, los medios académicos, los gremios profesionales y las organizaciones de la sociedad civil. Se trata de escuchar y dar respuesta a todas las interrogantes, a la vez que se asimilan los aportes correspondientes. Estamos en un momento crucial, en el cual el diálogo y la transparencia son, no solo necesarios como siempre, sino indispensables.

El libro busca contribuir a forjar un consenso positivo de largo plazo para Petroperú (como en Chile y Colombia) de los partidos políticos en el Congreso: Alianza para el Progreso, PPK, APRA, Fuerza Popular, Frente Amplio y Acción Popular. Mientras se desarrolla este amplio, serio y bien informado debate en los colegios profesionales (sobre todo el CIP), gobiernos regionales y locales y las universidades, deben seguir su curso la modernización de Talara y el fortalecimiento de Petroperú


Lima, julio de 2017
 
Humberto Campodónico Sánchez
 


Publicado el 28 de Agosto de 2017
   
 
   
 
  Información complementaria utilizada para la elaboración del presente artículo.
  REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
  DIRECCIONES WEB
  ARTICULOS RELACIONADOS
   
 
 
 
 
 
 
 
Título Texto Ambos
De:
Hasta:
 

En el 2002 regresa al Perú y al diario La República donde retoma su columna económica semanal llamada Cristal de Mira...
Ver más...
 
 
 


¿Porque todo el mundo habla de los pobres?
Nullam malesuada sodales erat. Maecenas viverra aliquam nisl. Sed ullamcorper vestibulum turpis. Praesent aliquam ornare ipsum. Quisque non elit.
Ver más...

 
 
 



"La industria del gas natural y las modalidades de regulación en América Latina". Análisis los regímenes de regulación de los mercados de gas...
Ver más...
 
 
 
   
 
© 2005. CRISTAL DE MIRA. Todos los Derechos Reservados Desarrollado por