El otorgamiento de todo el Terminal Norte del Callao a APM Terminals hace dos semanas es el resultado final de la política del actual gobierno de concesionar (en verdad, privatizar) la empresa estatal ENAPU, a pesar de la existencia de alternativas viables para su repotenciamiento. Al hacerlo, se ha hipotecado la capacidad del Estado en materia de política portuaria, al mismo tiempo que ha activado “bombas de tiempo” para el próximo gobierno.
Esto ha motivado la renuncia del presidente de ENAPU, Mario Arbulú, quien acaba de declarar que “el proceso de concesión ha generado un modelo con el que yo también discrepo. Será la historia la que juzgue. Nosotros propusimos una alianza estratégica entre Enapu y un socio privado de primer nivel mundial” (14/7/2011). Más allá de la bastante tardía de la protesta de Arbulú, tiene razón sobre el fondo del asunto.
Agrega: “Se creó un comité especial de privatización porque dijeron que ENAPU no podía ser juez y parte. Luego salió el Decreto Supremo en el que se decidió por un proceso de concesión en el que no tuviéramos ninguna injerencia” (14 de julio 2011).
Como consecuencia, el operador del Muelle Sur, Dubai Ports World, ha entablado una demanda al gobierno peruano ante el CIADI por competencia desleal.

Si el sector privado puede realizar una actividad en determinado sector productivo o de servicios, entonces ese sector debe realizarla. Solo si el sector privado no la realiza por algún motivo, entonces el Estado puede incursionar en esa actividad, siempre y cuando se cuente con una ley expresa.
Eso es lo que se llama la subsidiariedad del Estado en la actividad empresarial, que equivale a decir que su presencia solo se da “en última instancia”, cuando por cualquier razón el sector privado no puede o no quiere intervenir en determinada actividad empresarial.
Así las cosas, no debería haber actividad empresarial del Estado, por ejemplo, en la refinación de petróleo, ni en la generación de electricidad, ni en una empresa minera y tampoco, por ejemplo, en la industria aeronáutica. Lógico, porque todas esas actividades pueden ser desempeñadas por el sector privado.
En el Perú, ese principio de la subsidiariedad del Estado –que proviene del planteamiento neoliberal de la preeminencia absoluta del mercado en toda actividad productiva y de servicios– está plasmado en el Art. 60 de la Constitución de 1993.

En los últimos 5 años el salario mínimo fue aumentado en tres oportunidades: en enero del 2006 subió de 460 a 500 soles mensuales; en enero del 2008, subió a 550 soles mensuales y en febrero del 2011 subió a S/. 600/mes. En total, el salario mínimo ha aumentado en 30%, bastante menos que el PBI en el mismo periodo.
¿Pero cómo está el salario mínimo real, es decir, lo que los trabajadores reciben una vez descontada la inflación? Las estadísticas del Ministerio de Trabajo lo miden en relación a un año base (que han fijado en 1994=100) y éstas nos dicen que estaba en 249 en enero del 2006 y está ahora (a mayo del 2011) en 256. Por tanto, su aumento en términos reales no es de 30% sino de solo 2,8% (256/249).
Se podría decir, sin embargo, que si bien el salario mínimo casi no ha aumentado en estos últimos 5 años, eso sí podría haber sucedido en años anteriores. Pues no. De acuerdo a estadísticas del Ministerio de Trabajo (elaboradas por Julio Gamero), el salario mínimo ha caído de S/. 1400 en 1981 hasta los S/.600 en que está ahora (ver gráfico).

En julio pasado, el presidente Obama promulgó una ley que va a tener un impacto muy importante en las actividades extractivas, específicamente la minería y los hidrocarburos (petróleo y gas natural).
La Ley Dodd-Frank, en su sección 1504 (1), establece que las empresas que obtengan sus capitales en el mercado de EEUU deben revelar “todos los pagos que hacen al gobierno de EEUU, así como a gobiernos extranjeros, provenientes de ingresos del desarrollo comercial de minerales, petróleo y gas natural”. Esta ley fue propuesta por los parlamentarios demócratas Barney Frank y Chris Dodd.
La ley dice que los pagos deben revelarse en los siguientes niveles: país por país, para todos los países en que opera la empresa; a nivel nacional y subnacional para cada uno de sus proyectos; además, deben desagregarse por la forma de pago (lo que incluye, entre otros, el impuesto a la renta, regalías, tasas, derechos de producción e incentivos en bonos). Habrá informes anuales estandarizados que serán colgados en Internet.

En las conclusiones de la CADE 2010, celebrada en Urubamba en noviembre pasado, se dice: “A pesar de las diferencias y matices entre candidatos presidenciales, todos ellos, así como Luis Carranza, Michael Porter y cada uno de los panelistas, estamos de acuerdo en que no hay país que se haya desarrollado exportando principalmente productos básicos y que el desarrollo solo es posible si nuestra producción de bienes y servicios logra incorporar un alto valor agregado”.
Este párrafo plantea el tema de fondo: que el mero crecimiento económico no puede resolver los temas del desarrollo y de la inclusión social. Pero eso es lo que nos acaba de volver a decir el ex ministro Luis Carranza –olvidando lo dicho en la CADE– al mencionar que el PBI peruano crece más que el brasileño y, por lo tanto, que “nuestro modelo es mejor al de ellos”.
Y agrega que eso también lo demuestra el Índice de “Doing Business” (Haciendo negocios) del Banco Mundial cuando coloca a Perú en el número 36 de 180 países, mientras que Brasil está en el # 127. Lo que el ex ministro no dice es que este ránking, de un lado, solo indica la facilidad que tienen los empresarios para emprender negocios y, de otro, que este ránking consulta principalmente a abogados de empresas y a inversionistas financieros. O sea, un solo lado de la ecuación.

“En diciembre del 2008, Cerro Verde fue notificada por la Sunat de su planteamiento de cobrar regalías a los minerales procesados por la concentradora de Cerro Verde, que se adicionó a nuestros equipos de procesamiento a fines del 2006. En agosto del 2009, Cerro Verde recibió una acotación de cerca de US$ 34 millones relacionada con las obligaciones que se le imputan por regalías y penalidades por el periodo octubre 2006 –diciembre 2007” (www.fcx.com).
Esto es lo que dice Freeport-McMoran, dueña de la mina Cerro Verde, Arequipa, en su Memoria Anual 2010 publicada hace poco. Añade que “en abril del 2010 la Sunat emitió una resolución denegando la protesta de Cerro Verde por la acotación antes señalada. Por ese motivo, Cerro Verde ha apelado ante el Tribunal Fiscal. Además, Cerro Verde ha recibido una acotación de US$ 41 millones por el mismo concepto para el año 2008”.
Ahora vamos a los hechos. En el 2004, el Ministerio de Energía y Minas aprueba la RM-510-2004 para un proyecto de Cerro Verde de reinversión de utilidades sin pago de impuesto a la renta por un monto de US$ 800 millones. Esto significa que la empresa deja de pagar el impuesto a la renta (30%) por esa reinversión o, lo que es lo mismo, que el fisco deja de recibir US$ 240 millones (800 x 30%).
Recordemos que ese incentivo ya había sido derogado en setiembre del 2000 por la Ley 27343, pero seguía vigente para las empresas que habían firmado contratos de estabilidad tributaria con anterioridad a esa fecha, lo que es el caso de Cerro Verde.

Todos sabemos que las actuales comisiones que cobran las AFP están entre las más altas de América Latina, situación que se ha mantenido ya cerca de 20 años pero que, en las condiciones actuales, se revela insostenible. Es por eso, quizá, que en estos días finales del actual gobierno, las propias AFP han planteado una propuesta que modifica la forma de cobro de las comisiones, dizque con el objetivo de reducirlas.
La propuesta de las AFP plantea pasar de cobrar la comisión sobre el sueldo al cobro de una comisión sobre el saldo de la cuenta de cada afiliado (por ejemplo, si tengo 20.000 soles en mi cuenta, la AFP me cobraría en base a ese monto; y así).
Dice Juan Pablo Delgado Aguirre que esa propuesta es confiscatoria porque “se continuarían cobrando comisiones a los ahorros de los afiliados que estén desempleados. Se deterioraría irreversiblemente la pensión de jubilación futura al mermarse el fondo ahorrado en etapa de desempleo. Bajo el sistema actual, no hay cobro si la persona está desempleada y no aporta” (El Comercio, 17/6/2011).
De su lado, el MEF dice que con esa propuesta, al principio habría una reducción pues el monto del aporte es aún pequeño. Pero, “conforme aumenta el fondo del afiliado la comisión se eleva y la persona termina pagando lo mismo o más; es decir no hay una reducción real de las comisiones”.

La creciente irrupción de inversionistas financieros en los mercados de productos básicos (PB) ha llevado a muchos analistas a decir que las alzas de precios que se vienen produciendo desde mediados de la década pasada ya no obedecen tanto a los aspectos “fundamentales” que caracterizaban a dichos mercados.
¿Qué tanta influencia tienen, verdaderamente, los inversionistas financieros? ¿Son o no determinantes en el alza de precios de los commodities?
La respuesta es de la más alta importancia porque somos un país exportador de minerales (cobre, oro, zinc, plomo y hierro), entre otros (el 65% del total de exportaciones en el 2010). Y, también, porque somos importadores netos de petróleo y combustibles (US$ 4,063 millones en el 2010), así como de productos agrícolas (U$ 1,725 millones en el 2010 de trigo, maíz, soya, azúcar y carnes).
Desde el 2004 en adelante se ha constatado una marcada elevación de los precios de los PB, que ha estado acompañada de una creciente volatilidad.

Es importante saber cuál es el consumo de gas natural de Camisea que podría sustituir al consumo de GLP en balones. Ese cálculo también permite cuantificar el valor del mercado de balones de GLP y la reducción en el gasto de los hogares que provocaría su sustitución por gas natural.
En el año 2010, en el Perú las plantas envasadoras compraron 9.1 millones de barriles de GLP, los mismos que fueron vendidos, sobre todo, a los usuarios domésticos (1). Si convertimos esta cifra a balones de 10 kilos, que es la unidad más conocida, tenemos que se consumieron 76.7 millones de balones.
En Lima se consumieron 43.3 millones de balones, el 56%. Le siguen Arequipa (13%), Piura (8%), La Libertad (5%) y Puno (3%). A las demás regiones les corresponde el 15% restante.
¿Cuál es el valor anual de los 76.7 millones de balones? Si los multiplicamos por el precio de venta al público, que es de S/.35/balón, llegamos a S/. 2,686 millones (ver cuadro). Ese valor incluye el IGV más el costo de envasado y los costos de comercialización.

El lunes 6 de junio, a pocos minutos de la apertura de la BVL y cuando solo se habían realizado 48 operaciones por un monto de apenas S/. 590,000, el Índice Selectivo ya había bajado 8.7%. Por eso, se suspendió la Rueda de Bolsa hasta las 11 am, en cumplimiento del Reglamento, ya que la caída era mayor al 7%.
Hay que destacar que el promedio normal de operaciones de compra y venta de acciones está en 1,600 a 1,700 al día y que, en valores monetarios, en la BVL se mueven S/. 30 millones diarios. Puede decirse, entonces, que este pánico inicial fue causado por montos pequeños en un número reducido de operaciones.
La cosa cambió completamente cuando la BVL reabrió a las 11 am. En la hora y media siguiente se realizaron 1,599 operaciones por un monto de S/. 60.6 millones (el doble del promedio). En ese lapso, el Índice de la BVL siguió cayendo hasta llegar a 12.5%, lo que significó una pérdida de valor accionario de US$ 10,834 millones.