El gobierno acaba de aprobar el Decreto de Urgencia 059-2010, que crea el Programa de Asistencia Solidaria, Gratitud, mediante el cual se dará una pensión mensual de 100 soles a ancianos mayores de 75 años en situación de extrema pobreza, que no estén afiliados a ningún sistema de pensiones.
Este es un tema de la más alta importancia pues significa que los peruanos, por el solo hecho de serlo tienen derecho a una ayuda del Estado en sus últimos años de vida (1). La pensión social hace justicia a los peruanos mayores, que así dejan de ser una carga en sus hogares, creando vínculos de cohesión social y de equidad, como se aprecia en países donde ésta existe, como Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Chile.
Dicho esto, las marchas y contramarchas dentro del gobierno acerca del carácter del programa (una sola vez o de largo plazo), la amplitud de la cobertura (cuánta gente) y el monto del bono (75 ó 100 soles) demuestran que hubo discusión y que el MEF lo aprobó a regañadientes.

El Fonavi ha vuelto a las primeras planas pues se acerca el referéndum, que se realizará junto con las elecciones municipales y regionales. El primer tema que debe quedar claro es que el reclamo de los fonavistas está amparado por una sentencia del Tribunal Constitucional y que este, además, se ha pronunciado a favor de la realización del referéndum.
Por lo tanto, lo que se debiera discutir es el monto, la forma y los plazos de pago a los fonavistas, en el caso que el referéndum tenga un resultado positivo para ellos. De otra forma, se estaría incumpliendo la ley.
Con respecto al monto a devolver, el cálculo bordea los S/. 20,000 millones, lo que incluye los intereses desde 1999 a la fecha. Dicho esto, algunos analistas afirman que debe descontarse el monto aportado por los empleadores y, también, las inversiones que sí se realizaron con el Fonavi. Eso disminuiría de forma sustancial la cantidad adeudada, lo que debe dilucidarse de manera transparente con la participación de los fonavistas.

Cuando las empresas y las personas se endeudan para invertir y/o comprar bienes y servicios, la jerga económica dice que esa deuda es como una palanca que les permite cumplir con sus objetivos. Así, la deuda externa tomada por los gobiernos latinoamericanos desde mediados de la década del 70 hasta 1982 (cuando estalló la crisis) es un caso de apalancamiento. En el Perú, en 1988 la deuda externa llegó al 100% del PBI.
En este caso, los típicos programas de estabilización del FMI tuvieron como objetivo obtener superávits fiscales (contrayendo drásticamente el gasto), al mismo tiempo que se devaluaba la moneda para conseguir un superávit comercial (dólares) que permitiera cubrir el servicio de la deuda.
Así, el “desapalancamiento” fue una experiencia dolorosa que llevó a la recesión y al estancamiento durante un largo periodo, que la CEPAL llamó “la década perdida” (1982-1990).
En EEUU, el economista Nouriel Roubini acaba de declarar que “en el mejor escenario, se espera un crecimiento anémico por muchos años.

En los últimos meses y semanas ha habido varios hechos económicos que apuntan a un recrudecimiento de la crisis económica del 2008, que parecía –para muchos analistas– haberse resuelto en el 2009 y, sobre todo, en los primeros meses del 2010. Sin embargo, las señales negativas se vienen multiplicando, tanto en Europa como en EEUU, a tal punto que se dice que ésta es una “recesión con doble zambullida” (double dip recession), en forma de W.
En el caso europeo, el enorme endeudamiento de muchos países, entre ellos los llamados PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España, pero no solamente ellos), ha agudizado los déficits fiscales, causando la preocupación de los acreedores, lo que, a su vez, ha tenido efectos desestabilizadores para el euro.
La respuesta de política económica que han dado la mayoría de los países con problemas ha sido meterles verdaderos hachazos de leñador a los déficits fiscales.

“Se refiere a las frutas o ramas de árboles que se han caído por un fuerte viento y que, por eso, son gratuitas para todos. También significa, en sentido figurado, “adquisición inesperada”, término que se usa desde 1542”.
Esa es la definición que el diccionario etimológico de inglés Douglas Harper le da a las palabras “windfall profits”, que en castellano se podrían traducir como las ganancias inesperadas o extraordinarias que realizan las empresas.
Estos “windfall profits” no tienen que ver con innovaciones tecnológicas o mejoras productivas que éstas realizan, sino con hechos exógenos. Como se aprecia, este concepto es distinto al de renta diferencial (o renta ricardiana, ver www.cristaldemira.com, 18/8/10).

Ayer dijimos que el DS-053-2010-EM era clave pues ponía en el centro de la discusión política nacional que las reservas del Lote 88 debían ser para el mercado interno y no para la exportación, en la medida que provienen de “regalos de Dios” que dejó la Shell. También porque la renegociación del contrato del Lote 88 en el 2006 fue ilegal. Y porque la soberanía nacional sobre los recursos naturales y la garantía del suministro de energía en el largo plazo no son negociables.
Estos argumentos ya han ganado “ciudadanía”. Hoy, debido a la movilización y al apoyo de algunos medios de comunicación (entre ellos, La República), analistas, colegios profesionales, universidades, gobiernos regionales, locales y otros estamentos de la sociedad civil, la mayoría de la población ya sabe que la exportación de Camisea le afecta directamente y, por ello, la rechaza.
Pero hay que seguir avanzando pues se están ganando batallas, pero aún no la guerra.

El DS-053-2010-EM, publicado ayer, constituye un importante triunfo de la población peruana, que desde hace años venía luchando para que el gas del Lote 88 –uno de los “regalos de Dios” que nos dejó la Shell- no sea exportado y sea destinado, única y exclusivamente, al mercado interno.
Las reservas del Lote 88 fueron descubiertas por Shell en 1983, habiendo invertido US$ 210 millones. En 1987-88, no sea llegó a ningún acuerdo con el primer gobierno de García, por lo que las reservas descubiertas revirtieron gratis al Estado.
Diez años después, bajo Fujimori, Shell volvió al Lote 88 e invirtió US$ 246 millones, pero tampoco llegó a un acuerdo, por lo que, otra vez, dichas reservas revirtieron gratis. Así, el Perú se hizo de 6 billones de pies cúbicos (TCF, en inglés) de reservas de gas y una inversión total de US$ 456 millones (www.cristaldemira.com, 6/7/09).

Tanto en el sector agrario como en el minero se aplica con claridad el planteamiento del economista inglés David Ricardo (1772-1823) sobre la renta diferencial, en su libro clásico Principios de economía política y tributación.
Para decirlo de manera concisa, Ricardo plantea que los rendimientos de los suelos y de las minas no son los mismos en todos los casos, pues hay tierras que son mejores que otras y, también, hay minas que tienen yacimientos más ricos que otros.
Su conclusión es, de un lado, que los altos costos de las tierras y las minas más caras (por tanto, menos eficientes) tienen una influencia determinante en la formación de los precios de los bienes finales. Y, de otro, que los productores que están en las tierras y las minas más eficientes se aprovechan de la renta diferencial, que, como su nombre lo indica, es la diferencia entre las distintas rentas de las tierras y de los suelos.
Ese tipo de medición se usa hasta hoy.

Si bien muchos de los efectos del Consenso de Washington (CdW) están todavía presentes en las economías de los países de la Región, la mayoría de analistas está de acuerdo en considerar que su “reinado” tuvo corta duración: fueron 10 años que van desde 1989-90 (al final de la “década perdida” por la crisis de la deuda externa) hasta 1998-99, años en que se desata la crisis asiática, seguida de la crisis rusa y brasileña (1998-99).
Eso mismo dice un reciente informe (1) de Nancy Birdsall (ex vicepresidenta ejecutiva del BID), Augusto de la Torre (economista jefe del Banco Mundial, América Latina) y Felipe Valencia Caicedo (consultor del Banco Mundial).
Afirman que los logros del CdW (liberalización y desregulación de los mercados y privatizaciones) se concentran en las políticas macroeconómicas. Así se resalta que se controló casi completamente la inflación, a través de políticas en las que los bancos centrales tuvieron una marcada importancia porque se eliminó el financiamiento monetario de los déficits fiscales (cayó la “maquinita”).

El acuerdo de construir una planta de fraccionamiento en la localidad de Kepashiato –localidad que es atravesada por el ducto de líquidos de Camisea a Lima– ha vuelto a poner sobre el tapete, de un lado, la improvisación de la política gubernamental y, de otro, ha reabierto la discusión sobre la actividad empresarial del Estado.
Lo primero. El gobierno y el Ministro de Energía y Minas estaban completamente opuestos a la construcción de una planta de fraccionamiento de los líquidos de gas natural en la zona. Pero, ojo, la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Minem había estudiado la posibilidad de construir dicha planta.
No solo eso. Elaboró estudios acerca de su viabilidad, los mismos que fueron presentados en la VII Reunión Bimestral de Trabajo entre representantes del Estado, las comunidades del Bajo Urubamba y las empresas del consorcio Camisea, el 15 de junio del 2006.