El triunfo de Trump en las elecciones en EEUU está significando un verdadero cambio de época pues afecta todas las condiciones económicas, sociales, políticas e institucionales que se plasmaron al final de la Segunda Guerra Mundial y que, claro, sufrieron varias mutaciones en años posteriores. Algunos fueron muy importantes, como la caída de la URSS, el avance de la globalización y el neoliberalismo, hechos y procesos que, ahora, están en el momento del desenlace y que, por cierto, tiene todavía camino por recorrer.
Uno de ellos es la quiebra (¿temporal?, ¿permanente?) de un orden internacional basado en reglas que todos los países debieran respetar, basados en el principio de la vigencia de la soberanía nacional y la adopción del multilateralismo, que tiene como estandarte principal a las Naciones Unidas. Cierto, ello no siempre se respetó. Allí tenemos las innumerables resoluciones de la ONU acerca de que la solución de la crisis palestina pasa por la creación de dos Estados, Palestina e Israel, lo que siempre fue rechazado solo por dos países, Israel y Estados Unidos.
La reciente declaración de Trump de entrar unilateralmente a Gaza tira todo el derecho internacional por la borda y es el ejemplo más impactante de esta nueva realidad. Ese carácter impulsivo de Trump hace visible también su debilidad y le va a jugar en contra.
El tema económico de más alta relevancia es el fracaso del proceso de globalización que comienza en la década del 80 del siglo pasado.

“Quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo” es una célebre frase del filósofo español George Santayana. Los hechos que narramos en este artículo sucedieron hace poco más de 20 años, pero siguen teniendo enorme vigencia. Por eso mismo, hay que recordarlos.
En abril del 2003 en el Congreso se discutieron dos proyectos de Ley que tenían un mismo objetivo: la derogatoria de la Ley 27357, promulgada el 20 de octubre del 2000 en las postrimerías del régimen fujimorista. La Ley 27357 había establecido un impuesto de 5% a las acciones del Estado en las empresas públicas, lo que dio lugar a enormes ingresos al Tesoro Público a la vez que enormes déficits a las empresas.
El primer Proyecto de Ley, el PL 4974 fue presentado por el Congresista Javier Diez Canseco en diciembre del 2002. Luego, el Poder Ejecutivo presentó el PL 5208 en enero del 2003, cuando Javier Silva Ruete era Ministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo así coincidieron Diez Canseco y Silva Ruete? Aquí se lo contamos.
La inconstitucionalidad de la Ley 27357

El 2 de mayo de este año el Congreso decidió que el Proyecto de Ley 679 para establecer la tarifa nivelada del gas natural a nivel nacional se quedaba “estacionada” en el Cuarto Intermedio. Eso quiere decir que el PL no regresa a la Comisión de Energía y Minas, aunque sigue estando en la Agenda del Pleno. ¿Hasta cuando? Solo Dios lo sabe.

El PL 679 fue enviado por el Ejecutivo al Congreso en noviembre del 2021 (ya van a ser tres años) y aún no se aprueba. En el interín el PL se aprobó por el Congreso en marzo del 2022, pero con cambios sustanciales con respecto a la tarifa nivelada. Por ello, Ejecutivo lo observó y lo devolvió al Congreso 20 días después. Y allí se ha quedado.

La demora para aprobar y discutir la tarifa nivelada contrasta con otros Proyectos de Ley que sí son aprobados en el Congreso, no solo en pocas semanas sino en pocos días, como se demuestra en las controversias con la Junta Nacional de Justicia y otras que todos conocemos.

Hace unos días se promulgó el Decreto Legislativo 1623 que establece, en lo esencial, que las personas naturales usuarias de servicios digitales deberán pagar, a partir de octubre, el IGV de 18%. Esto no sucedía hasta ahora porque las empresas prestan sus servicios desde el extranjero y no están domiciliados en el Perú. Entre las empresas más importantes: Netflix, Amazon, Uber, Cabify, Disney +, entre otros.
El gobierno ha tomado esta medida para tener una mayor recaudación, debido a los problemas fiscales que enfrenta. Con esta medida se afirma que el gobierno espera recaudar 600 millones de soles por el IGV de 18%, lo que significaría que el ingreso por ventas de esas empresas es de S/. 3,300 millones al año.
La polémica se genera por varias razones, siendo una de ellas que dichas plataformas no pagan impuesto a la renta en el Perú ni tampoco se les cobra un arancel aduanero por la venta de sus servicios digitales, a diferencia de todos los demás bienes y servicios. Otra de las críticas es que este nuevo pago del IGV va a recaer, esencialmente, sobre la clase media, lo que agravará la desigualdad ya existente en la distribución del ingreso. Vayamos por partes.

Estamos en plena transición energética y esa realidad plantea nuevos retos. Los más importantes se definen a nivel mundial, pues quien lidere esa transición estará en mejor posición económica que sus rivales. Pero no es solo la geopolítica mundial lo que está en juego. También los intereses nacionales y regionales, así como las condiciones en que se llevará a cabo la explotación de los nuevos combustibles limpios. Vamos por partes.
Entre 2017 y 2022, la demanda de litio se triplicó, la demanda de níquel aumentó un 40% y la demanda de cobalto un 70%, según la Agencia Internacional de Energía de la OCDE. Si el mundo quiere adoptar plenamente la energía renovable y alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, el uso de minerales de transición energética deberá multiplicarse por seis para 2040. Eso elevaría el valor de mercado de los minerales de transición a más de US$ 400,000 millones (Naciones Unidas, 2023).
Al mismo tiempo, ha comenzado una pugna por su control. Dice Jake Sullivan, asesor del Presidente Biden: “Los minerales críticos son la columna vertebral del futuro de la energía limpia. Hoy en día, Estados Unidos produce solo el 4% del litio, el 13% del cobalto, el 0% del níquel y el 0% del grafito necesarios para satisfacer la demanda actual de vehículos eléctricos” (Brookings Institution, 27/04/2023)
Y añade que “las cadenas de suministro de energía limpia corren el riesgo de convertirse en armas de la misma manera que el petróleo en la década de 1970 o el gas natural en Europa en 2022, debido a lo cual estamos tomando medidas”.

En el 2006 un documento de la Comunidad Andina analizó el comercio exterior no registrado de sus cuatro países miembros con el objetivo de establecer lineamientos de política que lo lleven a la categoría de “comercio registrado”. Los ítems analizados para casi todos los países: fueron contrabando, cultivos ilícitos, comercio de zonas francas, bienes para uso militar, entre otros. Había problemas para su registro (1).

Pero había un item que aparecía como “no registrado” en solo un país: Perú y tenía la siguiente denominación: “Exportaciones de oro lavadero contrabando”. El informe no menciona ni el volumen ni el valor de dicha exportación. Y añadía que se debería evaluar su incorporación a las estadísticas oficiales.

El tema del salario mínimo es un claro indicador de la informalidad del país. El 75% de la población peruana en edad de trabajar tiene un empleo informal, o sea, sin derechos laborales. Puede tratarse de personas que son empleados por un empresario informal o de aquellos que se ganan la vida por “cuenta propia”, ya sea con “cachuelos” o vendiendo mercancías en cualquier esquina de la ciudad.
El propio Estado es informal. Pareciera que se trata de la vieja fórmula del tren macho de Huancayo a Huancavelica, “sale cuando quiere y llega cuando puede”.
El salario mínimo puede estar congelado varios años y, de repente, se reactiva. Puede ser en momentos de crisis política, como en el 2018, antes de la renuncia de PPK. O, también, en momentos de entredicho político en el que el tren ni siquiera salió de la estación.
No sucede lo mismo en los países de la OCDE.

Dos medios de prensa internacionales han publicado sendos artículos sobre la creciente importancia de las empresas chinas en el Perú y también en América Latina. Lo que mueve el escenario no es, en esencia, el tema de las inversiones y el comercio en el llamado “patio trasero de EEUU”, sino la importancia que tienen esas fichas en el tablero mundial de la disputa por la hegemonía global en el siglo XXI entre EEUU y China.
Y el puntero de ese tablero aparece sumamente disputado, sobre todo en el aspecto de las tecnologías de la información y el conocimiento, que abarcan todos los aspectos económicos, sociales y políticos que están dando forma –potenciando a unos más que a otros– lo que exacerba la contienda política. Pero antes de entrar a ese tema, veamos lo que pasa con nosotros.
El periódico South China Morning Post (SCMP) de Hong Kong publicó hace pocos días un artículo (1) donde dice que el proyecto del Puerto de Chancay ha sido “una espina en el costado de EEUU desde que Cosco tomó una participación mayoritaria en el proyecto en 2019”. Recordemos que en ese año Cosco (empresa estatal naviera china y una de las más grandes del mundo) le compró a la minera peruana Volcan el 60% de las acciones del puerto.

Se supone que las iniciativas para promover el consumo de energías que no contaminan el ambiente deben tener una cálida recepción e impulso en el mundo entero, pues estamos enfrentando el cambio climático que va a traer graves consecuencias con las sequías, friajes, huaicos, tormentas, inundaciones, etc. Ese tema reúne a los principales países del mundo en las Conferencias de Naciones Unidas.
Pero, últimamente, esas iniciativas parecen estancarse cada vez más a nivel global y también en el Perú, sobre todo en el Congreso. Vamos por partes.
Hace pocos meses, en el distrito londinense de Sidcup estalló una pequeña bomba cuyo objetivo era inutilizar las cámaras que “miden” las emisiones de CO2 de los autos y así desalentar el uso de carros viejos. El nombre de esta iniciativa de la Autoridad de Londres es ULEZ, que significa “zona de emisiones ultra bajas”. El ataque de Sidcup fue la culminación de una campaña de vandalismo generalizado que ha dañado o destruido más de 1.000 cámaras similares instaladas por Gobiernos regionales en el Reino Unido en los últimos meses.
Dice la prensa inglesa que los daños son obra de una red de activistas que “ven las zonas ULEZ como el primer paso en un asalto autoritario a la libertad”. Los autodenominados “luchadores por la libertad” adoptan una agenda de extrema derecha de hostilidad hacia las políticas climáticas verdes, las vacunas y los migrantes y representan un riesgo potencial para la seguridad”.

Inmediatamente después de terminadas las elecciones para diputados al Parlamento Europeo el 8 de junio, el Presidente de Francia Emmanuelle Macron sorprendió a “todo el mundo” pues llamó a “elecciones inmediatas” a la Asamblea Nacional: la primera vuelta se realizará pasado mañana domingo.

¿Por qué lo hizo si su periodo gubernamental recién termina en el 2027? Pues debido a que el partido de ultra-derecha Agrupación Nacional (AN), liderado por Marine Le Pen, obtuvo una gran votación, duplicando la votación de los seguidores de Macron.
Su gambito se apoyó en la siguiente idea: “si llamo a elecciones inmediatas, el pueblo francés no querrá que AN llegue al poder; por tanto, votarán por mi partido, Ensemble (Juntos)”, que se autodefine de centro derecha. Esta elección “express” se parece a la que llamó Pedro Sánchez, del PSOE, en julio del año pasado para cerrarle el paso al Partido Popular (derechaI) y a VOX (ultra derecha) que habían obtenido una fuerte votación en las municipales. El gambito le dio resultado a Sánchez, pues logró, con alianzas, una mayoría en el Congreso que le permitió seguir gobernando.
Pero no va a suceder lo mismo este domingo. Sucede que la izquierda francesa se unió después de mucho tiempo y conformó el Nuevo Frente Popular (NFP), con “La Francia Insumisa”(LFI) de Jean Luc Mélenchon (izquierda radical, el Partido Socialista (izquierda moderada), el Partido Comunista y los ecologistas.