Está claro. El gobierno ha dispuesto que el precio de la gasolina y el diesel aumenten hasta llegar a la paridad de importación con los de EEUU. Esto significa un aumento del 25% en los próximos 6 meses para “nivelarnos” al precio de US$ 84/barril. Pero, ojo, si el precio del petróleo sube a US$ 100/barril, aquí los precios subirían en la misma proporción.

Así, estamos “amarrados” al alza del petróleo y a sus impactos negativos en la inflación, alza de pasajes e impacto en la competitividad de la industria. Entonces, la pregunta es: ¿no era que el gas de Camisea nos ayudaría a independizarnos del petróleo caro e importado porque la Shell nos había dejado, gratis, una importante cantidad de reservas que sustituyen al petróleo y que se venden a un precio 50% inferior? ¿Se ha transformado la matriz energética?

La respuesta es: sí ha aumentado la demanda de gas en Lima, principalmente en las centrales térmicas y algunas industrias. Pero no ha habido una masificación del consumo de gas residencial, mientras que el consumo de Gas Natural Vehicular (GNV) sí ha tenido un aumento importante, pero aún insuficiente. Tampoco se ha construido ningún gasoducto regional, a pesar de que ProInversión acordó, en mayo del 2004, la concesión al sector privado de los gasoductos a Cusco, Ayacucho, Junín e Ica.

No ha habido masificación porque en las industrias nacientes no existen mercados constituidos que pueden solventar las inversiones necesarias, lo que retrae al capital privado. Justamente por eso es necesaria la intervención inicial del Estado, como sucedió con la primera fase de Camisea, que tuvo incentivos para hacerla rentable (arrastre de pérdidas de 4 a 8 años, pago de aranceles en 7 años, garantía de la red principal, “take or pay” de Electroperú, etc.).

Pero no hubo apoyo para la “segunda fase”: la distribución en Lima va a paso de tortuga y solo hay 20,000 usuarios domésticos, cifra inferior a los 75,000 (que sigue siendo poquísimo) que se preveían para el 2008. Tampoco el gobierno impulsó el gasoducto al sur, que podría permitir el uso del gas en Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, tanto para la industria como para todo el sector automotor. ¿Se imaginan?

Eso sí sucedió en Colombia, país que tiene menos reservas de gas que nosotros (6.38 billones de pies cúbicos y Perú 8.9) pero sí una clase política y empresarial que valora el cambio de la matriz energética. La masificación fue impulsada inicialmente por ECOPETROL y Promigas (empresas estatales) y se construyeron 7,000 km de gasoductos (1). Ahora se consumen 790 millones de pies cúbicos diarios de gas en 471 ciudades atendiendo a 5 millones de familias (contra nuestros 20,000), el 50% de la población. Hay 280,000 vehículos que consumen GNV y 507 grifos en todo el país (contra 85,000 vehículos y 105 grifos, todos en Lima).

Mientras el mercado se iba desarrollando, el Estado fue vendiendo las acciones de los gasoductos y las distribuidoras, pero todavía conserva una importante participación. Es por eso que Colombia no sufre como nosotros el alza del precio del petróleo. Tienen un gobierno con políticas económicas neoliberales como las de acá, pero con sentido de Nación. Esa es la diferencia.

Aquí la política central desde el 2002 en adelante fue cambiar fraudulentamente las leyes en el Congreso para impulsar... la exportación de gas (increíble), que comienza el próximo mes y nos deja sin las reservas –“regalo de Dios” que nos dejó la Shell– para la necesaria masificación del mercado interno. Un verdadero despojo que debemos revertir para que la masificación del gas limite el impacto del alza del precio del petróleo que, hoy, golpea a todos los peruanos. ¿No es cierto?

(1) Ver “Colombia y el Panorama del Gas Natural en Latinoamérica”, www.promigas.com