En los últimos días se ha criticado a los gobiernos regionales y distritales porque no tienen capacidad de elaborar ni de ejecutar proyectos, motivo por el cual no gastan todo el dinero que reciben. También, que lo poco que gastan, lo gastan mal, por ejemplo, construyendo municipalidades de 6 pisos y un “monumento a la ola”.

Pero lo que no se dice es que la capacidad del Estado de diseñar, elaborar, ejecutar y administrar proyectos de inversión útiles para los gobiernos regionales y locales se perdió cuando el gobierno de Fujimori acabó con la regionalización y desmanteló el Instituto Nacional de Planificación y sus Oficinas Sectoriales, que operaban en todos el país.

Desde fines del 2001, algo se ha avanzado. Pero falta mucho por hacer, siendo una de las tareas más importantes la reconstrucción de una institución que tenga como objetivo pensar el país en el largo plazo -como Chile, Colombia y Brasil– para, a partir de allí, contar con una visión de conjunto a la cual se sumen, con sus particularidades, las diferentes realidades regionales y locales.

Esto significa poner en marcha el Centro de Planeamiento Estratégico, dentro del cual se integre el Consejo Nacional de Descentralización y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). En cuanto al CND, una de sus principales tareas no ha sido cumplida: acreditar capacidades a los gobiernos regionales y locales.

Allí está para demostrarlo el préstamo del BID de Modernización y Descentralización del Estado, aprobado a fines del 2002, del cual se ha gastado a la fecha solo el 15% de los US$ 14,7 millones para fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales (US$ 12,3 millones) y locales (US$ 2,5 millones). Como no se acreditan capacidades, las competencias (habilidades) de los gobiernos regionales y locales para formular y, sobre todo, administrar proyectos de inversión, se ve mermada.

En cuanto al SNIP, el problema central es que, siendo una dependencia del MEF, prima el “criterio de caja” para los proyectos grandes (quiéranlo o no sus funcionarios), aun cuando esos proyectos sean parte de metas y objetivos de largo plazo (lo que no quiere decir que cualquier proyecto pueda implementarse sin estudios técnicos respectivos).

Adoptado ese enfoque, es importante mantener los criterios de “filtro técnico” del SNIP para los proyectos, lo que implica la necesaria descentralización del SNIP, dejando de lado el trabajo de gabinete y las “visitas de médico” a las provincias y distritos.

Otro tema a encarar es el canon que se asigna a los gobiernos regionales y locales que tienen recursos naturales (petróleo, gas y minería son los más importantes). Un primer problema es que existen Regiones que no reciben canon porque no tienen recursos naturales, como Lambayeque y Amazonas (además, San Martín, Madre de Dios y Apurímac reciben montos muy pequeños), algo inadmisible porque el país es uno solo.

Pero los gobiernos locales con canon tampoco han visto fortalecidas sus capacidades, con el agravante que dichos montos son varias veces superiores a los de los distritos sin canon; además, los precios internacionales de los minerales y del petróleo han aumentado el canon, colocando a los gobiernos locales ante exigencias inesperadas de elaboración y gestión de nuevos proyectos de inversión.

La crítica tiene mucho de “profecía autocumplida”. Como lo que se quiere es “reducir el Estado”, la capacitación es mínima, por lo que las competencias, o no mejoran, o lo hacen muy lentamente. Esto facilita la crítica a la descentralización y los proyectos de los gobiernos regionales y locales, enfatizando que “reciben mucho dinero”, argumento que mata dos pájaros de un tiro: de un lado, refuerza el discurso centralista y, de otro, pretende evitar el impuesto a las sobreganancias de las empresas mineras y petroleras.
Este círculo vicioso lo tiene que romper el nuevo gobierno si quiere atacar el problema de la pobreza regional y, sobre todo, rural, comenzando por los departamentos del sur.