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¿Quo Vadis, Petroperú? |
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Los resultados económicos y financieros de Petroperú para el periodo enero-setiembre del 2026 -que se acaban de publicar- dicen que la empresa ha obtenido una utilidad neta de US$$ 144 millones, a diferencia de la pérdida de US$ -745 millones para el mismo periodo del 2025. Asimismo, el llamado EBITDA (que mide la capacidad de una empresa para pagar sus obligaciones) ascendió a US$ 645 millones contra solo US$ 11 millones en el mismo periodo del 2025.
Puede afirmarse que estas cifras comienzan a demostrar que la empresa está ingresando a la fase “recuperación”, en consonancia con las proyecciones de la consultora Arthur D. Little en el 2023 y las calificadoras de riesgo Standard and Poors y Moody´s, lo que ha sido corroborado por el ministro de Economía, Elmer Cuba:
“Petroperú ha dejado atrás la grave crisis financiera que obligó al Gobierno a aprobar varios rescates. Recordó que la empresa hace un par de años tuvo pérdidas de US$ 1,000 millones, mientras que el año pasado su resultado antes de impuestos y depreciación (EBITDA) “fue de cero”. “En lo que va de este año ya cambió y ahora está US$ 600 millones en positivo. Entonces, ese hueco del cual se hablaba ya no es tal” (RPP, 24/10/2026).
Hay dos cosas que añadir al tema económico/financiero, antes de entrar a otros temas de fondo. El primero es que las utilidades y el EBITDA podrían haber sido mucho mayores si Petroperú hubiera podido refinar 82,000 barriles diarios (bd), como lo hizo en el año 2025, en lugar de los 65,000 bd de este año 2026. Esos 17,000 bd promedio hubieran generado mayor EBITDA y mayor Utilidad Neta, ya que el margen de refino se ha triplicado por la guerra en el Golfo Pérsico.
¿Qué sucedió? Que Proinversión decidió no apoyar la liquidez de la empresa, pues sus objetivos van en dirección opuesta. Debe señalarse que, para obtener ese apoyo, podían usarse los montos del IGV de la amazonía (S/. 2,142 millones) no devueltos aún a Petroperú por la SUNAT, así como permitir la recuperacion anticipada del IGV por las inversiones en los activos de la refinería (S/. 1,416 millones). En total, 3,500 millones de soles. Arthur D. Little, ya en el 2023 recomendó plantear al MEF la monetización de ese IGV para recuperar el dinero de la empresa. No sucedió. Debiera suceder.
El segundo tema es que con el nivel actual de EBITDA (y más aún con el adicional que se pudo generar este año), la capacidad de pago del servicio de la deuda externa de Petroperú – alrededor US$ 300 millones anuales- está ampliamente garantizada para los próximos años. Lo que parece que sí tranquiliza al MEF, pero no a Proinversión que insiste en fraccionar los activos de Petroperú para concesionarlos, lo que, reporta RPP, acaban declarar en la reciente reunión de InPeru en Nueva York, motivando la preocupación de los tenedores de bonos (https://rpp.pe/economia/economia/mercedes-araoz-bonistas-de-petroperu-quieren-tener-certezas-sobre-la-reestructuracion-de-la-petrolera-noticia-1714516).
La fragmentación de Petroperú
El tema de fondo es el Decreto de Urgencia 010, del 31/12/2025. Plantea la reestructuración de Petroperú en bloques patrimoniales: Refinería Conchán y tanques de almacenamiento, Terminales del Sur; Terminal de Bayóvar, Pucallpa + Refinería de Iquitos; Lotes 192 y Lote 64 más el Oleoducto NorPeruano. Y la Refinería de Talara.
Según el Informe de Proinversión del 11 de febrero de 2026, estos bloques patrimoniales se constituirían en Vehículos de Propósito Especial (VPE). Se plantea que en cada uno de esos VPE ingrese capital privado hasta por un monto del 49% (que es el máximo que permite la Ley 30130 de diciembre del 2013). A cada uno de esos VPE ingresaría un socio. Según el Informe: “Cada Bloque Patrimonial será analizado y definido como una Unidad Económica Funcional capaz de operar de manera independiente o con mínima dependencia de la matriz” (página 62).
Como solo se privatizaría el 49% de estos VPE, se puede decir que los activos siguen siendo de propiedad de Petroperú. Sin embargo, desde la perspectiva de la economía industrial, la cuestión central no reside únicamente en la propiedad del 51%.
La creación de patrimonios, administraciones, obligaciones e incentivos financieros diferenciados en cada uno de los VPE puede debilitar los mecanismos de coordinación propios de una empresa petrolera integrada, favorecer procesos de suboptimización entre unidades y trasladar a relaciones contractuales externas decisiones que actualmente se adoptan dentro de una misma organización empresarial.
Cuando estas decisiones se evalúan desde la perspectiva de cada VPE, antes que desde la conveniencia económica del grupo integrado, el centro de decisión deja de ubicarse exclusivamente en la empresa integrada y comienza a desplazarse hacia unidades patrimoniales con objetivos financieros propios.
Este fenómeno es ampliamente conocido en la teoría económica de la organización empresarial. Cuando cada unidad optimiza individualmente su propio resultado puede producirse un proceso de suboptimización, en el cual el desempeño conjunto resulta inferior al que habría podido alcanzarse mediante una coordinación integral de todas las actividades.
No se trata necesariamente de conflictos entre los distintos vehículos, sino de un cambio en los incentivos que orientan la toma de decisiones. Así, por ejemplo el VPE de Conchán (que opera “con mínima dependencia de la matriz”) podría decidir no recibir combustible proveniente de la Refinería de Talara pues tiene un contrato de importación de combustible con una empresa que ya ha alquilado los tanques de almacenamiento1.
La necesaria inyección de capital privado puede darse con la participación de un socio inversionista, llamémosle socio industrial, en la Junta General de Accionistas, es decir, en la Casa Matriz de Petroperú. En ese caso, se sigue manteniendo la necesaria integración vertical. Es el caso de YPF de Argentina, donde la participación del capital privado es de 49%; en Petrobras el capital privado es mayoritario pero existen las “acciones comunes” que dirigen la empresa y allí el capital estatal tiene la mayoría.
Las recientes declaraciones del presidente de Petroperú, Oliver Stark, parecen apuntar en esa dirección: “Petroperú tiene previsto vender una participación minoritaria en bolsa a principios del próximo año, informó su presidente a Bloomberg, quien afirma que la empresa va por buen camino para registrar su primera utilidad neta desde 2021” (29/10/2026, www.gatoencerrado.net).
La necesaria intervención del Congreso
El DU 010 2025 fue aprobado a las 10 y 30 de la noche del 31 de diciembre por el gobierno de José Jerí. ¿Es que refleja la posición del actual gobierno? Pareciera que sí. Desde nuestro punto de vista los diputados y senadores del nuevo Congreso debieran ser los que dicten la política y el destino de la más importante empresa pública del país.
Este DU ha proseguido su camino hasta ahora a pesar de que tiene una denuncia de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional desde enero de este año. Pero aún no se ha pronunciado. Con igual o mayor razón, los Congresistas deben ser aquellos que tomen cartas en el asunto. El futuro energético está en juego y no puede ser dejado en las manos de los técnicos de Proinversión que, como ha dicho el Colegio de Ingenieros del Perú no son un ente competente en materia de política energética.
La geopolítica ya llegó a los hidrocarburos
El contexto mundial ha cambiado de manera sustancial. Ha terminado la etapa en que predominaba la idea de que los mercados internacionales siempre estarían plenamente abiertos, las cadenas globales de suministro estables y habría disponibilidad permanente de petróleo en cualquier lugar del mundo. Con la guerra de EEUU e Israel contra Irán, se ha creado un escenario de crecientes tensiones geopolíticas (Estrecho de Ormuz), conflictos armados, sanciones económicas y riesgos sobre las rutas internacionales de abastecimiento, con implicancias de largo plazo.
En estas circunstancias, la seguridad energética ha vuelto a convertirse en un objetivo prioritario de numerosos Estados, independientemente de su orientación política o de la mayor o menor participación del sector privado en sus economías. Es por ello que las refinerías se han convertido en el objetivo de muchas empresas. ¿Y en esa circunstancia se está planeando concesionar Talara?
Hace poco, la estatal Empresa Nacional de Petróleo de Chile (ENAP), país que no tiene petróleo y consume 400,000 barriles diarios (bd) de petróleo crudo, ha suscrito un convenio con YPF de Argentina para el suministro de hasta 75,000 bd (equivalente al 35% de su demanda de crudo) provenientes del yacimiento de Vaca Muerta hasta el 2033, por un monto de US$ 22,000 millones.
Perú consume 310,000 bd de petróleo, mientras que la produccion nacional es de solo 40,000 bd. La diferencia se cubre con las importaciones. Es clave para el país garantizar el abastecimiento de petróleo y de combustibles, todos los días, uno tras otro. Por ello es importante el reciente Convenio firmado entre Petroperú y Petroecuador (en Ecuador se producen 440,000 bd de petróleo) para abastecernos de petróleo. Se podría también negociar un contrato con Ecopetrol de Colombia (produce 700,000 bd) o con Petrobras de Brasil (más de 2 millones de barriles diarios).
El supuesto predominante durante la globalización, según el cual siempre existirían mercados abiertos y abastecimiento oportuno de petróleo y combustibles, ha perdido vigencia. En este contexto de mayores riesgos geopolíticos, numerosos países han reforzado el papel de sus empresas nacionales de energía como instrumentos para garantizar el abastecimiento, estabilizar los mercados internos y proteger intereses estratégicos.
La seguridad en el abastecimiento de petróleo y combustibles es un tema de Estado y de la empresa estatal, más aún en las circunstancias actuales. Esa seguridad, clave para la marcha diaria de la industria, la minería y el transporte nacional no la puede asumir la empresa privada pues, por definición, no le corresponde.
El oligopólico mercado de combustibles en el Perú
Hace dos meses, Indecopi publicó el “Informe Preliminar del Estudio de mercado sobre combustibles líquidos y Gas Licuado de Petróleo en el Perú?” (www.indecopi.gob.pe). Allí se demuestra el carácter oligopólico del este mercado (en su eslabón de venta mayorista) cuya cifra de ventas anuales bordea los US$ 10,000 millones. Son cinco los principales proveedores: Repsol (La Pampilla); Petroperú; Pluspetrol (para el GLP) y las norteamericanas Valero y Exxon Mobil que han incrementado su participación de mercado en los últimos años. De su lado, Petroperú ha perdido participación en el mercado; de 45% ha pasado al 25%, porción que ahora tienen sus competidores.
La situación actual de alza de los precios de los combustibles debido a la guerra contra Irán ha incrementado los precios del petróleo crudo (más de US$ 100/barril). A ello se suma el margen de refino, que está ahora en US$ 60/barril. Por tanto, el precio del combustible es la suma de ambos: US$ 160/barril. Eso ha preocupado a Donald Trump, pues el ejército de Ucrania ha bombardeado las refinerías rusas (lo que se suma al impacto del Estrecho de Ormuz), lo que no solo ha incrementado el precio del diesel, sino que ha reducido su oferta, con lo cual el precio ha subido aún más (el pueblo norteamericano lo ha castigado por ello).
Estos nuevos escenarios deben contemplarse analizando el mercado oligopólico que tenemos, el cual incluye a Petroperú. Una cosa es un oligopolio de cinco empresas, donde está Petroperú, y otra cosa es el oligopolio de solo cuatro empresas privadas (si desaparece Petroperú).
Cierto es que en el Perú los precios son libres. Pero también sabemos que
los mercados oligopólicos tienen comportamientos “particulares”, como se comprobó durante la pandemia. Y también, en 1998: cuando los precios en
el mercado internacional comenzaron a bajar, aquí ello no sucedía. Tuvo
que intervenir Petroperú para alinear el mercado a su nueva situación de precios bajos.
Así, el debate sobre Petroperú adquiere una dimensión distinta. No se trata únicamente de evaluar sus estados financieros sino también de cuánto valor económico puede generar cuado funciona de manera estable. Se trata de determinar si el Perú desea conservar capacidades estratégicas propias
para garantizar el abastecimiento de combustibles, responder a situaciones
de emergencia nacional -como el Fenómeno del Niño del 2017 donde
cumplió un rol importante y también lo hará en el que ya está aquí- y participar activamente en un sector que sigue siendo esencial para la economía.
Concluyendo
Este artículo está centrado en la situación de Petroperú. Pero en verdad el tema de fondo es la transición energética hacia las energías renovables y limpias, lo cual es una tarea de muy largo plazo. También incluye la masificación del gas de Camisea, que nos independiza del alza de los
precios del petróleo, pues tiene precio regulado. Está también el tema clave: hoy en día el tema central ya no gira alrededor de la empresa: si es pública
o privada (miremos al sudeste asiático, a los países escandinavos). En sus informes anuales, la OCDE nos dice que lo más importante es la buena gobernanza: transparencia, ética, equidad y cero corrupción.
En los últimos años, el Estado peruano ha destinado importantes recursos a Petroperú mediante aportes de capital, préstamos, garantías, avales y otras formas de respaldo financiero. La magnitud y reiteración de estos apoyos
han generado una preocupación legitima en el Gobierno, en las
instituciones responsables de la política económica y también rechazo, en amplios sectores de la ciudadanía. Compartimos. La existencia de una empresa petrolera estatal no puede descansar en transferencias fiscales recurrentes ni en la expectativa de nuevos apoyos extraordinarios para
cubrir pérdidas, atender obligaciones corrientes o refinanciar permanentemente su deuda (2).
Precisamente por ello, no se trata de justificar nuevos desembolsos ni encontrar una modalidad diferente para prolongar la dependencia financiera. Los ana?lisis realizados sobre la generación de EBITDA, el aumento de la carga de la Nueva Refinería Talara, la recuperacio?n de mercados, la integración vertical, el fortalecimiento patrimonial, el gobierno corporativo, las ofertas de inversionistas privados para el reperfilamiento de la deuda de largo plazo de la empresa para reducir la presión del servicio financiero y la posible incorporación de un socio industrial estratégico tienen como
propósito identificar una trayectoria que permita a Petroperú generar caja, atender sus obligaciones y financiar sus operaciones sin recurrir
nuevamente a rescates fiscales
Esta trayectoria requiere cambios dentro y fuera de la empresa. Petroperu? debe mejorar su eficiencia, reducir costos, recuperar participacio?n comercial, elevar la utilizacio?n de sus activos, fortalecer sus mecanismos internos de control y someterse a metas verificables de generacio?n de caja y rendicio?n de cuentas. El Estado, por su parte, debe establecer reglas estables, evitar la injerencia política, respetar las funciones de sus órganos de gobierno, asegurar condiciones de competencia compatibles con el mandato constitucional de igualdad de trato. El papel que debe cumplir la empresa dentro de la política nacional de transición energética debe ser discutido aún más ampliamente: en el Congreso, en la academia, en los colegios profesionales, en la sociedad civil. Requiere un consenso de largo plazo. No un Decreto de Urgencia.
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1 Esa consideración es la que ha primado en la experiencia internacional y nos muestra un patrón distinto. En PEMEX de México, YPF de Argentina, Ecopetrol de Colombia y Petrobras, las reformas societarias de los últimos años no se sustentaron en la fragmentación patrimonial de la cadena integrada mediante VPE autónomos. Aun cuando incorporaron inversionistas privados, realizaron desinversiones o modificaron su estructura financiera, todas preservaron la integración vertical como principio organizador de su modelo empresarial (para un análisis en detalle del DU 010-2025 y, en particular, de los VPE, ver el Amicus Curiae presentado al Tribunal Constitucional en: https://ventanillajurisdiccional.sedetc.gob.pe/#/consultar).
2 Una evaluacio?n rigurosa exige evitar explicaciones unilaterales. Los problemas financieros de Petroperu? no pueden atribuirse exclusivamente a la empresa ni u?nicamente a decisiones adoptadas por sus administraciones. Desarrollamos ampliamente ese tema en al amicus curiae, ya citado.
Publicado el 05 de Noviembre de 2026
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Información complementaria utilizada para la elaboración
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